La reacción ante las reformas que introduce el proyecto de Ley sobre
Colegios y Servicios Profesionales no se ha hecho esperar. Las mayores
críticas han llegado de colectivos como los arquitectos, que han
advertido de un probable aumento de la piratería, mientras los
psicólogos han rechazado haber sido excluidos de la colegiación
obligatoria.
La publicación de las líneas maestras de la nueva regulación a la que
deberán someterse los colegios profesionales no ha dejado a nadie
indiferente. La mayoría de las críticas han incidido en que con la
liberalización de los colegios que propone el Ministerio de Economía,
los ciudadanos quedarán desprotegidos, ya que estos organismos no podrán
garantizar que el profesional está suficientemente acreditado y
capacitado para ejercer.
El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, José Antonio
Garrido, ha explicado que, con la información disponible, para ellos “ha
sido una sorpresa un poco desagradable”. Recordó que el colegio nació
hace 100 años en defensa de la sociedad, para garantizar la seguridad
jurídica y física de las personas y que es una garantía publica. Por lo
tanto, con la liberalización de los colegios, se abre una vía al
“oportunismo temerario”, es decir, “a la piratería”.
Además, con respecto al resto de reformas que introduce la norma, el
decano ha afirmado que desde el colegio de arquitectos son “totalmente
democráticos”, con la publicidad de las cuentas, auditorías, ejercicios
de transparencia, régimen de incompatibilidades y un control de la
deontología profesional.
Respecto a una posible rebaja de las tasas, ha afirmado que “no
podemos hablar de reducción de precios cuando los costes están bajo
mínimos y la competitividad en España en el campo de la arquitectura es
un ejemplo mundial. Si seguimos rebajando los precios, no podremos
competir en calidad, no seremos atractivos”. Y ha sentenciado que “si no
existiera el colegio, los ciudadanos estarían en un régimen de absoluta
desprotección”.
Pero esta no fue ayer la única voz que se alzó en contra del
anteproyecto. Desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, su
vicepresidente, Fernando Chacón, ha expresado su rechazo al nuevo marco
legal al afirmar que “no hay ningún tipo de justificación”. Ha asegurado
que en diciembre de 2012, cuando se dio a conocer el primer borrador
del texto, el argumento que alegaba Economía para excluirles de la
colegiación obligatoria era que en caso de mala praxis, las
consecuencias derivadas no serían graves. Ante esta afirmación, Chacón
ha explicado que “eso solo lo puede mantener alguien que no conoce
nuestra actividad profesional”. Y es que aparte de la actividad directa
sobre patologías, los psicólogos clínicos “se encargan del
reconocimiento de maquinistas de tren o pilotos de avión, donde la mala
praxis puede tener consecuencias desvastadoras”. En este sentido, ha
incidido en el caso de los psicólogos penitenciarios, encargados de
evaluar el riesgo de reincidencia de agresores sexuales y violadores.
Si, en caso de mala praxis, “eso no serían graves consecuencias, no sé
qué entenderá el Ministerio de Economía qué será”, concluyó el
vicepresidente.
Por su parte, Unión Profesional, la asociación que agrupa a las
profesiones colegiadas españolas, ha expresado mediante un comunicado su
“máxima preocupación ante el control que pretende ejercer el Gobierno”
sobre el subsector de los servicios profesionales y sus organizaciones
colegiales. También han hecho una llamada de atención sobre la “pérdida
de independencia” que dicho control supondría en el ejercicio de sus
funciones. Así, han recordado que los colegios profesionales siempre han
gozado de un estatus de independencia que “permite articular la
protección del interés general y de los derechos fundamentales,
particularmente, de los colectivos más vulnerables”. Por lo tanto, a la
hora de llevar a cabo cualquier liberalización, hay que tener en cuenta
que su ejercicio “afecta directamente a la salud, la seguridad, el
patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente”.
En definitiva, Unión Profesional ha ha defendido la necesidad de
mantener la colegiación, no solo en las profesiones jurídicas,
sanitarias o técnicas, sino también en todas aquellas en las que la
falta de vigilancia por parte de los colegios pudiera tener efectos
negativos sobre el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, “como es
el caso del intrusismo”. Por todo ello, esta asociación ha reclamado el
establecimiento de una “interlocución efectiva” para la elaboración de
un texto que “venga a garantizar la independencia de las corporaciones
colegiales, y sus funciones.” (cincodias.com)
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