VII Jornada de abordaje neuro-ortopédico y rehabilitador de la espasticidad

   VII Jornada Espasticidad by APTOCA

Pliegos de condiciones técnicas y administrativas del concierto de rehabilitación 2013

   PCAP REHABILITACION by APTOCA

   PPT REHABILITACION by APTOCA

Oferta Terapeuta Ocupacional Gran Canaria

SE NECESITA TERAPEUTA OCUPACIONAL URGENTEMENTE PARA CUBRIR VACACIONES EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. INTERESADOS CONTACTAR CON RECURSOS HUMANOS DE DICHO HOSPITAL. VOCAL DE TRABAJO.

Acerca de la Ley de Servicios Profesionales y los Terapeutas Ocupacionales

El pasado 27 de Julio, en pleno periodo vacacional, el consejo de ministros dio luz verde, de forma inesperada,  al polémico anteproyecto de ley de servicios profesionales, dejando perplejos a la práctica totalidad de colectivos profesionales afectados por el contenido desarrollado en esta futura ley, que confiaban en una rectificación de los postulados del gabinete del Sr. de Guindos.

Este anteproyecto que nace fruto de la directiva 2006/123/CE en la que se “invitaba” a España a liberalizar las actividades profesionales, y que se traspuso al ordenamiento jurídico español  mediante la denominada ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre), introduce diversos elementos de mejora y control en estas actividades, pero contiene parámetros absolutamente desestabilizadores para el ejercicio profesional y que suponen un elevadísimo riesgo para la salud de la población en general y muy específicamente la mas vulnerable: aquella que presenta algún tipo de discapacidad, ámbito en el que los Terapeutas Ocupacionales tienen mucho sobre lo que opinar.

El primer  borrador del que se tiene conocimiento, y liberado en Diciembre de 2012, introducía la no obligatoriedad de colegiación para la prácticamente totalidad de profesiones, reservando lo contrario, para algunas otras en las que su incidencia sobre la seguridad, salud de las personas o interés público tuvieran especial relevancia “con el fin de liberalizar un mercado excesivamente restrictivo y consecuentemente elevar el crecimiento de la economía en 7000 millones de €”.

Fruto de esta ilusoria afirmación, Unión profesional (asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas) publicó un estudio¹ en el que se desmontaban estos argumentos con total brillantez, demostrando por el contrario el elevado perjuicio para la economía española, y riesgo para la sociedad en general.

Se Incluyen dentro de la colegiación obligatoria las siguientes profesiones sanitarias: Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, enfermeros, fisioterapeutas, ópticos-optometristas y podólogos. Excluyendo incomprensiblemente a Terapeutas Ocupacionales, Logopedas, Nutricionistas, y Psicólogos Clínicos, profesiones estas, incluidas dentro de la LOPS (Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias).

En respuesta a este borrador del anteproyecto, el colectivo profesional estatal de Terapeutas Ocupacionales se reunió con representantes del ministerio de economía con el fin de exponer los argumentos que reforzaban la inclusión de estas profesiones, pero con la liberación oficial de este documento el pasado mes, han saltado todas las alarmas, ya que excluye reiteradamente a las mismas.

Las explicaciones ofrecidas por el ministerio de economía, por ejemplo al colectivo de psicólogos, según palabras de su vicepresidente Fernando Chacón, eran que en caso de mala praxis las consecuencias no serían graves, de lo que se deduce que este gabinete ya cuenta con un incremento de la mala praxis fruto de esta desregularización, y que no considera ello como un riesgo para la salud de las personas, desvinculando incomprensiblemente estas profesiones del ámbito de aplicación del futuro art. 26.1 de la LSP, donde se hace especial hincapié en la obligatoriedad de colegiación en aquellas actividades relacionadas con la protección de la salud.

En nuestro caso, Terapeutas Ocupacionales, profesionales sanitarios del mismo nivel que los diplomados/graduados en Enfermería, Fisioterapia, ópticos y optometristas, y podólogos, no hemos obtenido hasta la fecha ninguna explicación oficial, ya que únicamente accedieron a reunirse con nuestra representación en una ocasión en la que se ponía en duda el fin asistencial de nuestra intervención dentro del sistema nacional de salud, admitiendo desconocer nuestras funciones, hecho al que estoicamente estamos acostumbrados. Posteriormente se les hizo llegar un dossier² con todos los datos necesarios para clarificar estos puntos, sin respuesta hasta la fecha.

APTOCA, como organización oficial representativa de los Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad autónoma de Canarias, manifiesta su total rechazo a este criterio por diversas razones:

En primer lugar:

• La comunidad europea en su directiva123/2006/CE (apartado 22) mantenía la exclusión del ámbito de aplicación de la misma a los servicios sanitarios prestados por profesionales de la salud a sus pacientes, cuando estas actividades estuvieran reservadas a profesiones reguladas en el Estado miembro en que se presta el servicio. Mostrándose los defectos de argumentación basados en una normativa no aplicable a las profesiones sanitarias - de quienes intentan desde hace años entregar el sector a distintos operadores económicos.

• La Terapia Ocupacional es una profesión regulada, en 24 países de Europa, incluida España. (EU single market, regulated professions database)

• La ley Ómnibus en su disposición transitoria cuarta. (Vigencia de las obligaciones de colegiación.)mencionaba:

 “En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación.

 Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas."

• El mismo anteproyecto de ley en cuestión recoge y asume este criterio.

 APTOCA invita abiertamente y con la seguridad del respaldo del resto de organizaciones colegiales o asociaciones del territorio Español, a que visiten y conozcan alguna de las unidades de Terapia Ocupacional donde se realiza una labor asistencial directa sobre los usuarios del sistema nacional de salud, servicios de rehabilitación, centros de día, hospitales públicos y privados, concertados, etc. en las que se trabaja dentro de un equipo multidisciplinar mediante criterios avalados internacionalmente por organismos como la WFOT³, ENOTHE⁴, COTEC⁵, CDNEUTO⁶, OMS⁷, etc.

El horizonte propuesto por el ministerio de economía y competitividad supone a juicio de la práctica totalidad de los colectivos afectados:

• Un decremento sustancial de la calidad de las intervenciones profesionales, ya que permite ejercer estas sin una garantía del respaldo de estos órganos puestos en entredicho, que regulan y equilibran a través de sus códigos deontológicos, y relaciones con la administración el propio ejercicio y relación con los ciudadanos, borrando de un plumazo la posibilidad de que el propio ciudadano canalice sus quejas o dudas de una manera eficiente y sin coste, sumiéndolos en un estado de indefensión, y abocándolos a costosos procesos judiciales frente a una mala praxis, que en el caso de las profesiones sanitarias, puede suponer un gravísimo riesgo para la salud.
• Abre la puerta al intrusismo y ejercicio irregular.
• Incrementará el gasto de las administraciones, al tener que asumir funciones que estaban delineadas en los órganos de gobierno de estas corporaciones.
• Elimina la independencia de dichos órganos que permite articular la protección del interés general público y de los derechos fundamentales de los usuarios.
• Y por último, suprime o dificulta la posibilidad de representar los intereses profesionales ante las administraciones.

Ante esta situación, APTOCA presentará las alegaciones pertinentes por nosotros estimadas, cuyo plazo vence el 16 de Septiembre, a pesar del escaso margen de tiempo comunicado por el anuncio del Ministerio de Economía, invitando desde aquí  a que la sociedad en general y particularmente los usuarios del sistema de salud participen en las mismas, con el fin de salvaguardar nuestro derecho a la salud.

Diego Moguel Cano – Presidente de APTOCA (Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias)

(1) Impacto en la Economía Nacional de la Regulación de los Colegios Profesionales

Coordinador: Gonzalo Múzquiz Vicente-Arche. Abogado Autor: Eugenio Sánchez Gallego. Economista

(2) La colegiación obligatoria en el ejercicio profesional de los Terapeutas Ocupacionales en España (Comité Gestor del Consejo de Colegios de Terapia Ocupacional y Asociaciones Profesionales de Terapia Ocupacional)

(3) WFOT: World Federation of Occupational Therapists

(4) ENOTHE: European Network of Occupational Therapy in Higher Education

(5) COTEC: Council of Occupational Therapists for the European Countries

(6) CDNEUTO: Conferencia Nacional de Decanos de Terapia Ocupacional,  órgano nacional que agrupa a los Decanos de las dieciocho Universidades españolas que imparten el Grado de Terapia Ocupacional.

(7) OMS: Organización Mundial de la Salud

Sanidad aprueba el III plan de salud de Canarias sin consultar a los colectivos profesionales

Con cuatro años de retraso, sin consultar a los diferentes colectivos de profesionales y usuarios y sin ficha financiera. Sin despejar demasiadas incógnitas y a la espera de que se definan las cuantías económicas que se emplearán, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias anunció ayer en una nota que ha aprobado el borrador del III Plan de Salud para el periodo 2014-2019, cuyo principal objetivo es lograr la innovación en la gestión del área y los servicios sanitarios en el Archipiélago.

Según la Consejería de Sanidad, el plan de salud parte de la premisa de que “el mayor esfuerzo ha de orientarse a ayudar a mejorar las condiciones de salud de la población de Canarias y a avanzar hacia un servicio sanitario más integrado, proactivo, orientado a la ciudadanía y basado en las necesidades del paciente, trabajando en clave poblacional y con la participación de los profesionales y la ciudadanía”. Así, sus objetivos son “ayudar a que el actual modelo asistencial sea un sistema más integrado y proactivo; mejorar la capacidad del SCS a la hora de prevenir la enfermedad y promocionar y proteger la salud, además de desarrollar herramientas para la gestión de la información y del conocimiento”.

Asimismo, esta estrategia “promueve la colaboración con otras organizaciones, instituciones y departamentos del Gobierno de Canarias y del Estado para la utilización y desarrollo de instrumentos jurídico-administrativos y político-sociales para la acción participativa en el desarrollo de la salud”, insistió la consejería.

En cuanto al contenido y la metodología, que ya fue puesta en entredicho por el Consejo Ecónomico y Social (CES) en un dictamen emitido en 2010, la Consejería indicó que este plan establece “una respuesta institucional en coherencia tanto con la norma y principios establecidos en la ley, como con el escenario actual de incertidumbre por la crisis y su repercusión en la situación del sistema público”.

En opinión del CES, es justamente en materia de financiación y sostenibilidad financiera del nuevo plan donde se hallan “importantes carencias en cuanto a su concreción”. No en vano, en los Presupuestos de 2012 se consignaron 272.000 euros para el citado plan, una cifra superior a la prevista para este año, donde la partida apenas llega a los 259.000 euros.

Audiencia pública del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios profesionales

Ha sido notificado el periodo de audiencia pública de la LSP, por el cual cualquier interesado podrá efectuar las alegaciones  pertinentes, al final del documento se facilita una dirección de email. Estas alegaciones deben formularse de manera apropiada.

   130802_APLSCP_2agosto by APTOCA

Fuerte rechazo a la nueva regulación de los colegios profesionales

La reacción ante las reformas que introduce el proyecto de Ley sobre Colegios y Servicios Profesionales no se ha hecho esperar. Las mayores críticas han llegado de colectivos como los arquitectos, que han advertido de un probable aumento de la piratería, mientras los psicólogos han rechazado haber sido excluidos de la colegiación obligatoria.
La publicación de las líneas maestras de la nueva regulación a la que deberán someterse los colegios profesionales no ha dejado a nadie indiferente. La mayoría de las críticas han incidido en que con la liberalización de los colegios que propone el Ministerio de Economía, los ciudadanos quedarán desprotegidos, ya que estos organismos no podrán garantizar que el profesional está suficientemente acreditado y capacitado para ejercer.
El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, José Antonio Garrido, ha explicado que, con la información disponible, para ellos “ha sido una sorpresa un poco desagradable”. Recordó que el colegio nació hace 100 años en defensa de la sociedad, para garantizar la seguridad jurídica y física de las personas y que es una garantía publica. Por lo tanto, con la liberalización de los colegios, se abre una vía al “oportunismo temerario”, es decir, “a la piratería”.
Además, con respecto al resto de reformas que introduce la norma, el decano ha afirmado que desde el colegio de arquitectos son “totalmente democráticos”, con la publicidad de las cuentas, auditorías, ejercicios de transparencia, régimen de incompatibilidades y un control de la deontología profesional.
Respecto a una posible rebaja de las tasas, ha afirmado que “no podemos hablar de reducción de precios cuando los costes están bajo mínimos y la competitividad en España en el campo de la arquitectura es un ejemplo mundial. Si seguimos rebajando los precios, no podremos competir en calidad, no seremos atractivos”. Y ha sentenciado que “si no existiera el colegio, los ciudadanos estarían en un régimen de absoluta desprotección”.
Pero esta no fue ayer la única voz que se alzó en contra del anteproyecto. Desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, su vicepresidente, Fernando Chacón, ha expresado su rechazo al nuevo marco legal al afirmar que “no hay ningún tipo de justificación”. Ha asegurado que en diciembre de 2012, cuando se dio a conocer el primer borrador del texto, el argumento que alegaba Economía para excluirles de la colegiación obligatoria era que en caso de mala praxis, las consecuencias derivadas no serían graves. Ante esta afirmación, Chacón ha explicado que “eso solo lo puede mantener alguien que no conoce nuestra actividad profesional”. Y es que aparte de la actividad directa sobre patologías, los psicólogos clínicos “se encargan del reconocimiento de maquinistas de tren o pilotos de avión, donde la mala praxis puede tener consecuencias desvastadoras”. En este sentido, ha incidido en el caso de los psicólogos penitenciarios, encargados de evaluar el riesgo de reincidencia de agresores sexuales y violadores. Si, en caso de mala praxis, “eso no serían graves consecuencias, no sé qué entenderá el Ministerio de Economía qué será”, concluyó el vicepresidente.
Por su parte, Unión Profesional, la asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, ha expresado mediante un comunicado su “máxima preocupación ante el control que pretende ejercer el Gobierno” sobre el subsector de los servicios profesionales y sus organizaciones colegiales. También han hecho una llamada de atención sobre la “pérdida de independencia” que dicho control supondría en el ejercicio de sus funciones. Así, han recordado que los colegios profesionales siempre han gozado de un estatus de independencia que “permite articular la protección del interés general y de los derechos fundamentales, particularmente, de los colectivos más vulnerables”. Por lo tanto, a la hora de llevar a cabo cualquier liberalización, hay que tener en cuenta que su ejercicio “afecta directamente a la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente”.
En definitiva, Unión Profesional ha ha defendido la necesidad de mantener la colegiación, no solo en las profesiones jurídicas, sanitarias o técnicas, sino también en todas aquellas en las que la falta de vigilancia por parte de los colegios pudiera tener efectos negativos sobre el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, “como es el caso del intrusismo”. Por todo ello, esta asociación ha reclamado el establecimiento de una “interlocución efectiva” para la elaboración de un texto que “venga a garantizar la independencia de las corporaciones colegiales, y sus funciones.” (cincodias.com)

Catalunya rechaza la ley estatal de colegios profesionales y aplicará la suya

Barcelona. (EFE).-
El conseller de Justicia, Germà Gordó, ha rechazado el anteproyecto de ley de colegios profesionales aprobado hoy por el Consejo de Ministros, por ser "terriblemente intervencionista" e invadir competencias de la Generalitat, y ha anunciado que la Generalitat aplicará la suya propia.
En un comunicado, Gordó ha emplazado hoy al Gobierno central a no sacar adelante la ley, que reforma el reglamento sobre colegios y servicios profesionales, y le ha reprochado que ese anteproyecto se haya elaborado "de manera unilateral y sin ningún tipo de diálogo".
Para el conseller, el texto aprobado hoy por el Ejecutivo es "centralista y terriblemente intervencionista", por lo que ha asegurado que la Generalitat ejercerá sus competencias en la materia, reconocidas en el Estatut, igual que en el caso de la reforma de la administración local.
"Es sorprendente que saquen adelante un anteproyecto de ley de estas características sin hablar con los territorios que tenemos y ejercemos las competencias en materia de colegios profesionales", ha agregado Gordó, que ha lamentado que la aprobación del texto en pleno período estival "pondrá en dificultad a los colegios a la hora de preparar las alegaciones".
De todas maneras, el conseller ha garantizado que la Generalitat sí que presentará alegaciones -de acuerdo con los colegios profesionales de Cataluña-, en contra de un proyecto que, a su juicio, "rompe de raíz con un sistema de profesiones colegiadas, en ocasiones centenario, no propone otro y desregula algunas profesiones