La publicación de las
listas de espera “oficiales” quirúrgicas y de consultas externas
hasta 31 de Diciembre de 2012 por la Consejería de Sanidad, ha
mostrado y reafirmado la dramática tendencia que en los últimos
años están padeciendo los usuarios que se encuentran a la espera de
ser atendidos en rehabilitación. Esta especialidad, que destaca por
mostrar los peores indicadores asistenciales, ha mantenido unas
cifras alarmantes desde 2006, a pesar de los planes de choque y
medidas extraordinarias (peonadas, turnos deslizantes, etc) que se
han ido sucediendo paulatinamente.
La deficiente gestión
de estas listas, enmarcada en una situación de carencia de recursos,
están fraguando unos resultados que incidirán directamente en un
aumento de los niveles de dependencia de aquellos usuarios que como
resultado de esta demora inicien o agraven una situación previa de
discapacidad.
Canarias posee las
cifras peor valoradas de todo el territorio nacional en la aplicación
de la ley de dependencia, alcanzando nuestra comunidad autónoma el
porcentaje de dependientes en espera de recibir prestación o
servicio, más alto de toda la media nacional. El X dictamen de la
asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales de
Enero de 2013 ha sido contundente al respecto:
“Se mantiene invariable el empecinamiento de
otras comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla) en no aplicar las prestaciones y servicios
que esta ley contempla, poniendo a sus ciudadanos y ciudadanos en una
situación de desprotección frente al resto, en una materia de
protección social tan básica”
La Resolución del
Consejo de Europa (98)9, definió la dependencia como: ́”Un
estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas
a la falta o perdida de autonomía física, psíquica o intelectual,
tienen la necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de
realizar las actividades de la vida diaria (ABVD)”
El Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, en 2004 la definió como:
"La situación en
la que una persona con discapacidad precise ayuda, técnica o
personal, para la realización (o mejorar el rendimiento funcional)
de una determinada actividad". (Querejeta/González,
Discapacidad/Dependencia)
Lamentablemente la
relación entre demora en Rehabilitación - Aumento nivel/grado
dependencia está descrita y probada, ya que por un lado se produce
un perjuicio notable que incide directamente en la salud de las
personas, y por otro se produce una sobrecarga económica y
estructural al mismo sistema de dependencia y de prestaciones
sociales.
El informe mundial
sobre discapacidad, elaborado por la OMS y Banco Mundial en 2011 ya
dejaba claro este punto:
“Las necesidades
de rehabilitación no satisfechas pueden retrasar el alta médica,
limitar las actividades, restringir la participación, deteriorar la
salud, aumentar la dependencia de la asistencia de terceros y
disminuir la calidad de vida. Estos resultados negativos pueden tener
amplias repercusiones sociales y financieras para las personas, las
familias y las comunidades.” (OMS-Banco Mundial, 2011)
Por todo ello, es
cuando se hace más necesario que nunca una reforma conceptual,
mediante el estudio y revisión de los procesos asistenciales más
frecuentes en rehabilitación, junto con el desarrollo de vías
clínicas consensuadas por todos los profesionales implicados en
estos procesos, (incluyendo la participación social), habiéndose
demostrado sin género de dudas como la prestación de servicios de
rehabilitación multidisciplinarios y coordinados pueden ser eficaces
y eficientes.
La Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU supuso un
punto de inflexión en el panorama legislativo internacional.
Estableciendo incluso la posibilidad de denunciar ante este organismo
internacional las violaciones a su articulado general. El 3 de mayo
de 2008 España firmó y ratificó (de forma vinculante) esta
Convención, más su Protocolo facultativo. En su artículo 25
referido a la salud se expone:
“Los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad
a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género,
incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En
particular, los Estados Partes:
b) Proporcionarán los servicios de salud que
necesiten las personas con discapacidad específicamente como
consecuencia de su discapacidad incluidas la pronta detección e
intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir
y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades,
incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;”
Artículo 26 Habilitación y rehabilitación
“1. Los Estados Partes adoptarán medidas
efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se
hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con
discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia,
capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y
participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los
Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y
programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular
en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios
sociales, de forma que esos servicios y programas:
a) Comiencen en la etapa más temprana posible
y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y
capacidades de la persona;”
La estrategia española
sobre discapacidad 2012-202, publicada por el Ministerio de Sanidad
, Política Social e Igualdad, basada en una serie de recomendaciones
de diferentes resoluciones de la Asamblea General de la ONU, en
aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidad, resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la
Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de la
ONU establecía dentro de sus ámbitos de actuación, medidas
estratégicas y un plan de acción que en su punto 6.8 citaba como
medidas referidas a la sanidad:
“1. Fomentar, junto con las demás unidades
competentes, la puesta en marcha de una Estrategia Sociosanitaria,
que integren los recursos disponibles para dar respuesta a las
necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias..
2. Promover medidas que faciliten el uso de
medios técnicos de apoyo con vistas a garantizar la vida
independiente.
3. Desarrollar programas de detección y
diagnóstico precoz de discapacidades.
4. Desarrollar medidas preventivas, incluyendo
la adaptación ortoprotésica y la rehabilitación funcional, para
reducir los riesgos de discapacidades sobrevenidas y el agravamiento
de discapacidades preexistentes.
6. Aplicar el enfoque de género en las
políticas sociosanitarias, que permita tomar en consideración las
necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
Como pilar básico del
éxito de este abordaje junto a otras disciplinas, (Medicina,
Enfermería, Fisioterapia, etc) se encuentra la intervención
mediante Terapia Ocupacional ya que desde sus principios
fundamentales básicos, el objetivo de esta es lograr la
independencia de la persona, y su instrumento, la ocupación. La
Terapia Ocupacional es una disciplina socio-sanitaria cuya finalidad
es utilizar actividades terapéuticas específicas individualizadas,
encaminadas a prevenir, mantener y/o recuperar las funciones físicas,
psíquicas y sociales, para alcanzar el máximo nivel de
independencia en la ejecución de las actividades de la vida diaria
y mejorar la calidad de vida.
La integración de la
misma dentro del modelo sanitario multidisciplinar ha demostrado una
mejora en lo resultados asistenciales, disminuyendo el periodo de
estancia de los usuarios en los servicios de rehabilitación y
unidades especializadas, con la consiguiente disminución del gasto
sanitario por partida doble:
Disminuyendo los costes
de permanencia intrahospitalaria y facilitando una vuelta a su
entorno social, familiar y laboral precoz, con unos niveles de
dependencia menores y una mejora drástica en la autonomía personal
de los usuarios, lo que implica una menor sobrecarga del sistema de
prestaciones.
La solución al
dramático escenario, que está produciendo en muchos casos una
situación de exclusión social y una vulneración de los derechos de
la población afectada, no son difusas medidas coyunturales, pasa por
una profunda revisión de esta enfermedad multiorgánica que afecta
al sistema, con acciones participativas que permitan a todos los
agentes implicados proporcionar una visión resolutiva a mas largo
plazo.
Diego Moguel Cano
(Presidente de la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales
de Canarias, APTOCA)
